Es razonable preguntarse si lo que parece claro y evidente para la gran mayoría de los españoles no lo debería ser también para el Congreso de los Diputados, el órgano constitucional que representa al conjunto del pueblo español.
La mayoría de partidos políticos del Congreso de los Diputados ha rechazado por mayoría entregar una tarjeta sanitaria única para que cualquier ciudadano español pueda ser atendido en cualquier hospital sin necesidad de ir a urgencias y no tenga que realizar trámites fastidiosos para adquirir la condición de desplazado en sus viajes vacacionales o profesionales. La condición de desplazado en tu propio país debería ser rechazada de plano por cualquier ciudadano español.
Si honestamente preguntásemos a los españoles que opción prefieren para acceder a nuestro sistema sanitario público, que tiene carácter de derecho fundamental y universal en la atención, se entiende que la respuesta se inclinaría brutalmente hacia la tarjeta única que permitiría un trato igualitario y democrático a cualquier ciudadano español independientemente de su origen geográfico o lugar de nacimiento.
La alternativa apoyada de hecho por la mayoría del Congreso de los Diputados de diecisiete tarjetas sanitarias, una para cada autonomía y solo operativas en su respectiva Comunidad Autónoma, constituye un atentado al sentido común, la eficacia y una absoluta falta de voluntad de muchos de nuestros políticos de cumplir con su principal y casi única obligación, que es el facilitar y mejorar la vida de los ciudadanos. Paradójicamente si es posible solicitar en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social una tarjeta sanitaria con validez en toda Europa y Suiza (excluida España) pero no existe para el ciudadano español una tarjeta válida en la totalidad de su propio país.
Pueden existir razones espurias para complicar la vida al ciudadano, pero ninguna de estas razones (recentralización de España, vulneración de competencias autonómicas, eficacia en la gestión etc. etc.) tiene como objeto mejorar o facilitar realmente la atención al ciudadano enfermo que acude a su centro de salud o al hospital.
Si elegimos algunos países europeos y vecinos al nuestro, vemos que no se les ha ocurrido la absurda e irracional idea de fraccionar y politizar la organización necesaria para dar un servicio lógico, digno y eficaz al ciudadano en el crucial ámbito sanitario.
En nuestra vecina Francia, país con 66 millones de habitantes, existe una única tarjeta sanitaria denominada Carte Vitale para acceder al sistema de salud público. Por si el ejemplo de Francia no vale por ser un país en “exceso centralizado” podemos ir al extremo opuesto y citar a Alemania. Alemania, con 82 millones de habitantes y ampliamente descentralizada a través de los dieciséis Estados Federados que configuran la República Federal, tiene una tarjeta sanitaria única denominada Gesundheitskarte obligatoria para todo trabajador alemán. En Bélgica, con cerca de 12 millones de habitantes y dos Comunidades con importantes conflictos entre sí (flamencos y valones), la atención sanitaria está ligada a la tarjeta única SIS que integra además del tema sanitario y farmacéutico los datos de residencia e identidad.
Resulta muy complicado comprender que exista un carnet de conducir único en España, un documento de identidad único y un número único de la Seguridad Social para cada español, pero no exista una tarjeta única para el acceso a un servicio absolutamente prioritario y esencial en la vida de cada español. Atónito, pasmado y patidifuso debería quedarse cada español. Seamos un poco surrealistas; imaginémonos una tarjeta bancaria, una tarjeta de fidelización comercial, una tarjeta telefónica, una tarjeta de seguro médico, una tarjeta de seguro de atención en carretera etc. etc. que solo fuera valida en una determinada región de nuestro país. Y a continuación hagámonos la pregunta, si cualquiera de estas tarjetas es más importante que aquella que afecta de manera fundamental a la gestión personal de nuestra salud.
Desde el punto de vista liberal la función del Estado es facilitar la vida al ciudadano, al individuo, interfiriendo lo menos posible, todo lo contrario que, como en este caso, complicar y dificultar el acceso de los ciudadanos a un derecho fundamental básico como es la sanidad.
¿Tiene sentido que los «Estados autonómicos» restrinjan mediante artificiales obstáculos administrativos la libertad de acceso del ciudadano a un derecho básico?
¿Tan poderosos son algunos grupos políticos, muy minoritarios en España, que son capaces de adulterar los razonamientos para condicionar de modo tan evidente los servicios públicos básicos a los que tienen legítimo derecho todos los españoles?
¿Tan débil y desfallecido está el Gobierno de la Nación para no poner coto y fin a semejantes despropósitos ?
